La constitución de la República romana tenía previsto hacia el año 500 a. C. el nombramiento de un magistrado supremo temporal para afrontar situaciones de emergencia o un estado de excepción. Mientras durara su mandato su palabra era considerada ley y por ello era llamado dictatōre, el que ha dicho.
El dictador podía decidirlo todo excepto lo que afectaba al erario público, del que no podía disponer sin consentimiento expreso del pueblo, y su salida de Italia, que tenía prohibida.
A la muerte de Julio César, Marco Antonio abolió la institución mediante una ley promulgada en el año 40 a. C.
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