La Fundación ONCE ha presentado el informe "Derechos Humanos y Discapacidad en España", que analiza la situación de las personas con discapacidad en el territorio español, desde la óptica de los derechos humanos.
El documento proporciona datos acerca del número de personas con discapacidad en España y analiza las leyes existentes en este ámbito, observa distintos aspectos como la vivienda, el empleo, la educación, la comunicación y la accesibilidad, entre otros, mostrando una serie de propuestas para una mayor inclusión del colectivo.
De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), de 1999, hay tres millones y medio de discapacitados, el 9% aproximadamente.
La Constitución de 1978 incluye la legalidad de las acciones positivas, la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Además, la legislación existente, tal como la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI) y la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) caminan en busca de esta igualdad. Sin embargo, en la práctica, aún se detectan barreras tanto legales como de inclusión, en torno a este colectivo.
Entre los aspectos principales que el documento resalta proponiendo una serie de mejoras para la integración de las personas con discapacidad se encuentran algunos como la incapacitación, la comunicación, la educación, la vivienda, el empleo y la accesibilidad.
En lo que se refiere a la incapacitación, principal barrera legal existente para este colectivo, el sistema legal español prevé la limitación de la capacidad legal de las personas con discapacidad.
Además de las barreras legales, las personas con discapacidad se encuentran con distintos ámbitos exclusivos en su vida diaria. Entre ellos la accesibilidad, no sólo en sí misma, sino también desde el punto de vista de la vivienda y la comunicación, donde ésta no se cumple en ninguno de los casos.
La educación es otro de los áspectos donde existe una mayor inclusión. Sólo el 1% de los estudiantes con discapacidad llega a la universidad. Además, el 40% de ellos, lo hace a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Por último, en el caso del empleo, una de cada tres personas con discapacidad es inactiva, existiendo una doble discriminación en el caso de las mujeres. Además, el 80% de las empresas obligadas a reservar un 2% de su plantilla para este colectivo no cumple la medida.
Tras la exposición del documento, el acto ha contado con una mesa redonda acerca del impacto legislativo que tendrá en España la entrada en vigor, el próximo 3 de mayo, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Convención de la ONU, ratificada por España el pasado mes de diciembre, obligará a los más de un centenar de países firmantes a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes para eliminar toda barrera o restricción que impida a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, garantizando así los derechos humanos y las libertades fundamentales para el colectivo.
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Fuente: www.elmundo.es.
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